Inminente la sentencia del juicio contra Berlusconi

Un tribunal de tres jueces ya está deliberando la sentencia del juicio a Berlusconi por un supuesto caso de corrupción cometido antes de dedicarse a la política. Es el llamado “caso SME”, nombre de una compañía de alimentación.
Según la acusación, entre 1985 y 1991 el Cavaliere habría pagado a jueces para que impidieran la venta de la empresa alimenticia a su rival, el empresario Carlo de Benedetti.
La fiscal y el abogado del Estado solicitan 8 años de prisión por corrupción y la inhabilitación permanente para el desempeño de cargos públicos, además, de una multa de más un millardo de euros.
Estos mismos recordaban ayer el movimiento de más de 400 mil dólares en 1991 desde cuentas “reconducibles” a Fininvest a la cuenta de un magistrado. “Al no encontrar una causa lícita” (de estos movimientos), “la deducción lógica es que son el pago de una corrupción”.
Por este delito, en noviembre del año pasado, se condenó a cinco años de prisión al que fue abogado de Fininvest, Cesare Previti.
En el proceso a Berlusconi parece demostrado el envío de dinero a jueces desde Fininvest, aunque no se ha probado la motivación.
Los representantes del premier calificaron la intervención del abogado del Estado de “exquisitamente política”, y recordaron que fue nombrado por la actual oposición.
Consideran que Berlusconi no ha cometido el delito del que se le acusa y solicitan su absolución. “Las acusaciones son graves pero equivocadas”, aseguran.
No se sabe cuándo darán a conocer el veredicto. La deliberación de los tres jueces podría durar horas o días.
En caso de que el tribunal de Milán declare culpable de soborno al premier, éste podrá apelar la sentencia en otras dos instancias, tiempo más que suficiente para que acabe la legislatura.
Sin embargo, se desataría una crisis institucional sin precedentes en Italia, de la que la oposición saldría beneficiada en las elecciones regionales de 2005 y en las generales de 2006.
Para poder juzgar al premier, el Constitucional ha anulado la ley que proclamaba la inmunidad durante el desempeño de altos cargos del Estado.